La política económica del Gobierno y sus regulaciones –entre otros, gasto y deuda pública– tienen un impacto directo en la competitividad y rentabilidad de las empresas.
Gasto y deuda pública
El Gobierno financia sus gastos con el dinero de los impuestos que pagan las personas y las empresas, y también contrayendo deuda.
En Chile las personas pagan el impuesto al valor agregado o IVA de 19%, e impuestos por sus ingresos, donde dependiendo del nivel de renta, la tasa va 0% a 40% en 2017. Las empresas pagan impuestos por las utilidades, con una tasa que llegará a 27% en 2018.
Además, están los impuestos específicos como, contribuciones de bienes raíces, de alcoholes y tabaco, y a los combustibles, entre otros. Así, son muchos los tributos, directos e indirectos, con los que las personas y empresas contribuyen a financiar el gasto público.
Los diferentes impuestos, sumados a otras fuentes de ingresos del Estado, y la nueva deuda que contrae el Gobierno de Chile, le entregan más de US$ 65 mil millones para financiar sus gastos, los que se han empinado por encima del 25% del PIB.
Un aumento del gasto público se financia con impuestos o préstamos. Y en general, un aumento de impuestos desalentará la inversión, especialmente de emprendedores y empresarios que deben arriesgar ahorros propios o de terceros para iniciar y administrar un negocio.
También un incremento en los impuestos de las personas disminuye su ingreso disponible. Y el gasto, y en el caso de las empresas, hace que la inversión se haga menos rentable y atractiva.
El aumento del gasto público absorbe los limitados ahorros que tienen un país, lo que deja menos espacios de recursos disponibles para la inversión privada, sector que es muy dinámico y que representa sobre el 80% del empleo del país.
Un aumento en la deuda pública da cuenta de restricciones futuras de recursos para pagar esa deuda, y que afectará a las futuras generaciones.
Las cifras en Chile
Desde fines del año 2013 el gasto público ha aumentado cerca de 25%, mientras que la economía solo lo ha hecho en algo más de 7%.
Más allá de la reforma tributaria que no generó la recaudación esperada, el aumento en el gasto público ha generado un déficit fiscal creciente que este año superará el 3%, elevando la deuda pública en casi US$ 30 mil millones en solo cuatro años. Y llegará a un 25% del PIB en lo que termine este año, su mayor nivel en casi un cuarto de siglo.
Por acción del Estado, cada chileno ha aumentado su deuda en US$ 1.500. Si la economía crece aceleradamente, el pago de los intereses y la amortización de la deuda podrían pasar más inadvertidos, pero si la economía no crece, será una pesada mochila que se hará sentir en el presupuesto de las personas y del Gobierno.
Marchar viento en popa o viento en proa
Cuando el Gobierno decide subir impuestos a las ganancias o corporativos, y crea regulaciones que rigidizan el mercado del trabajo, desincentivan la inversión e innovación y emprendimiento, lleva a las personas, emprendedores y empresarios, a navegar con viento en contra, por lo que el desarrollo de la actividad productiva y la generación de empleo son mucho más difícil.
Por el contrario, aquellas políticas que incentiven la inversión y el emprendimiento –como menores impuestos, regulaciones apropiadas y una legislación laboral flexible– lleva a las personas, emprendedores y empresarios a navegar con una brisa a favor. Esta permite generar más y mejores empleos, los que, complementados con aumentos de productividad, llevarán a mayores salarios.
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